Demandan a Censida transparencia en asignación de recursos

Vocales del Conasida envían carta al secretario de Salud por “irregularidades” en el Censida

Mario Alberto Reyes (NOTIESE)

José Antonio Izazola, director general del Censida y Carlos García de León, director de Prevención y Participación Social de ese organismo. Foto: Secretaría de Salud

México DF, abril 19 de 2011.

Vocales de la sociedad civil en el Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) enviaron una carta al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, en la que expresan preocupación por las “irregularidades” presentadas durante el proceso de asignación de recursos por parte del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), a las organizaciones civiles dedicadas a dar respuesta a la epidemia.

 

Firmada por ocho de los nueve vocales, la misiva solicita a Córdova Villalobos transparentar el proceso de asignación de recursos derivado de la VI Convocatoria Pública para el Fortalecimiento de la Respuesta en Prevención de la Sociedad Civil ante el VIH/sida e ITS 2011, publicada el 22 de febrero de este año y que tiene un monto de 43 millones de pesos.

 

Enviada el pasado viernes 8 de abril, la carta pide al funcionario “claridad” sobre los criterios de selección de proyectos, así como nombre y perfil de quienes conforman el Equipo Asesor de Revisión de Propuestas (EARP) para “garantizar” sus competencias y objetividad, además de evitar posibles conflictos de interés.

 

Los integrantes del Conasida también solicitaron conocer los mecanismos, etapas y procesos de evaluación, así como la existencia de manuales o guías para los dictaminadores.

 

Eduardo de la Paz Rodríguez, investigador de la Maestría en Medicina Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, denunció la inexistencia, por parte del Censida, de información pública sobre los resultados de la ejecución de proyectos de años anteriores, así como de los criterios técnicos utilizados (selección, aprobación y evaluación) para la asignación de recursos públicos federales.

 

Entrevistado por esta agencia, De la Paz Rodríguez, subrayó la “opacidad” del centro encabezado por José Antonio Izazola en el manejo de datos relacionados con el seguimiento de proyectos aprobados a la sociedad civil en años anteriores.

 

“Buscaba documentos que permitieran conocer si las organizaciones civiles cuyas propuestas resultaron beneficiadas con recursos públicos, habían cumplido con sus compromisos. No encontré registro alguno. No hay datos sistematizados que hablen sobre los avances y logros de cada proyecto”.

 

Para alcanzar su objetivo, el investigador recurrió al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, el organismo le notificó que no poseía registros o documentos electrónicos sobre el tema, y lo contactó con la Unidad de Enlace de la Secretaría de Salud para iniciar la denominada “búsqueda de sitio, sólo de esta manera pudo acceder directamente a los archivos entregados por las organizaciones civiles al Censida.

 

“A través del IFAI pedimos un documento evaluatorio para conocer los criterios por los cuales varios proyectos fueron rechazados. Encontramos que en el EARP había quienes evaluaban a la misma propuesta con ocho puntos y otros lo hacían con cuatro en una escala del uno al diez. Nos extrañó mucho la forma en que los expertos difieren para evaluar el mismo proyecto”.

 

Calificó como urgente que el Censida deje atrás la “opacidad”, pues de lo contrario, los 67 millones de dólares que el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida otorgará a México durante los próximos cinco años para enfrentar la epidemia, corren el riesgo de perderse porque se trata de un proyecto que exige un proceso sólido de transparencia, comunicación y fortalecimiento.

 

Gerardo Cabrera Reséndiz, vocal titular del Conasida, mencionó que tras las inquietudes externadas por activistas de lucha contra el VIH en torno a posibles irregularidades en la asignación de recursos, reunió a sus compañeros para analizar la situación.

 

Luego de determinar que “efectivamente había irregularidades y poca transparencia”, los vocales dirigieron una carta al secretario de Salud en la que piden informes sobre los criterios de selección de proyectos.

 

“Queremos conocer cuáles son los criterios de evaluación y saber si existe un manual o guía común para los evaluadores. También estamos pidiendo el currículo de cada uno de ellos para saber si realmente son competentes en esa labor”.

 

En la carta enviada, los vocales destacan que en la lista de proyectos aprobados por el EARP se incluyen proyectos con los folios 0209 y 0260 pertenecientes a una organización civil que se encuentra en proceso de fincamiento de responsabilidades por el órgano interno de control, “razón suficiente para ser descalificados inmediatamente”.

 

Mencionan además que las propuestas con folios 0342 y 0061 son recomendadas a pesar de que no cumplen con las indicaciones de la categoría 3 en la que se registraron.

 

Cabrera Reséndiz, quien también dirige la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/sida, denunció que como consecuencia de este problema, organizaciones civiles de varios estados del país se han quedado sin recursos para poner en marcha sus estrategias de prevención.

 

“El Censida debe buscar mecanismos para fortalecer las competencias de la sociedad civil que elabora proyectos. Si realmente hay una debilidad en la elaboración de proyectos, debemos solucionarla de manera conjunta, pero para tener clara la debilidad, debemos tener claros los criterios y mecanismos de evaluación”, concluyó.