De ornamento instancias para combatir violencia contra mexicanas
Por Anayeli García y Lourdes Godínez
México, DF, 22 mar 11 (CIMAC).- Desde hace 15 años existe un mecanismo internacional que obliga al Estado mexicano a prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres, no obstante ésta aumenta y se exacerba.
En noviembre de 1996, el Senado ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, también conocida como Belém Do Pará. Desde entonces México está obligado a cumplir sus disposiciones en los tres niveles de gobierno.
Al firmar y ratificar este instrumento internacional, México aceptó adoptar todos los mecanismos jurídicos y políticas públicas pertinentes para hacer frente a todo tipo de violencia contra las mujeres, así como garantizar que sus autoridades e instituciones las aplicarían.
Desde entonces el país ha recorrido un largo camino para tratar de hacer frente a la violencia contra las mujeres. En este proceso, impulsado por el movimiento feminista, se ha logrado la creación de varias instancias encargadas de atender dicha problemática.
Después de ratificar la Convención, en el país hubo un fuerte impulso para sancionar y combatir la violencia familiar. En 1996 la Asamblea Legislativa del DF aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la violencia familiar y en 1997 se tipificó como delito.
En esa década se impulsaron los primeros centros de atención para las mujeres y se crearon las primeras agencias especializadas en delitos sexuales en el DF. En el resto del país se crearon otras instancias como los Institutos de las Mujeres, Nacional, del DF y los estatales.
Aunque este instrumento es sólo uno de los varios que ha suscrito México, muchos de ellos continúan sin aplicarse y permanecen como letra muerta, mientras que las medidas implementadas por el gobierno mexicano tienden a ser de carácter punitivo.
En la publicación “Belém Do Pará, opiniones expertas para su aplicación”, Moisés Moreno Hernández, doctor en derecho, penalista y ex subprocurador General de la República, afirma que México se caracteriza por fomentar las sanciones sin enfocarse en la prevención.
El experto recomienda enfatizar las medidas de carácter preventivo que atiendan las causas de la violencia e incidan en los ámbitos en los que las mujeres pueden ser objeto de violencia, solo así –afirma– el gobierno podrá dar cabal cumplimiento a las recomendaciones de la Convención, de otra forma “ continuarán discriminadas, ignoradas y violentadas”.
FEMINICIDIO EN JUÁREZ, PARTEAGUAS EN VIOLENCIA
Luego de que organizaciones civiles documentaron el feminicidio en Ciudad Juárez, las autoridades se vieron obligadas a reconocer que la violencia contra las mujeres no sólo se daba en el ámbito familiar. Este fue el parteaguas para la creación de instancias que combatieran la violencia de género.
En respuesta a la presión internacional, que aludía los compromisos internacionales signados por México en materia de violencia, el Estado mexicano se dio a la tarea de crear organismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
A partir del sexenio de Vicente Fox, se crean las primeras instancias para hacer frente al feminicidio. En octubre de 2003 surge la Comisión para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez (Comisión para Juárez), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, presidida por Guadalupe Morfin Otero.
Con ella surge el programa de acciones del gobierno federal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en Ciudad Juárez (Programa de los 40 puntos), que dio origen a la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, también en Juárez, según documentó Julia Monárrez Fragoso, en su más reciente publicación “Violencia contra las Mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez”.
En 2004 el gobierno federal decidió crear la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los homicidios de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, con María López Urbina al frente.
Pese a ello, el “Informe 2008 Seguimiento a las Observaciones del Comité la CEDAW” señala que durante el sexenio de Vicente Fox, 20 mecanismos internacionales visitaron nuestro país, entre ellos la Organización de Naciones Unidas y la de Estados Americanos.
De estas visitas resultaron 500 recomendaciones para el gobierno mexicano relacionadas con derechos humanos de las mujeres y violencia. El panista terminó su administración con un saldo de 6 mil mujeres y niñas asesinadas.
De acuerdo con Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el número de mujeres violentadas y asesinadas va en aumento porque las instituciones no combaten la impunidad y corrupción y porque no existe un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones internacionales.
En su opinión, pese a los avances en materia legislativa con el presupuesto de género y los mecanismos e instituciones, el balance es negativo debido a que los titulares de las instituciones están preocupados “no en resolver los problemas sino en esconderlos”.
Si bien hay mecanismos, leyes, iniciativas e instituciones facultadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, durante los sexenios panistas 10 mil mujeres han sido asesinadas, según cifras documentadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y por las investigaciones de la antropóloga Marcela Lagarde.
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